Muchas fiscalías anticorrupción de las entidades federativas carecen de capacidad real para investigar delitos cometidos por servidores públicos, advirtió el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, quien consideró necesario revisar su funcionamiento y fortalecer sus capacidades para combatir la corrupción y la impunidad.
El legislador calificó a muchas de estas instancias como “simples caricaturas institucionales”, al considerar que carecen de trascendencia y de capacidad efectiva para investigar y combatir los delitos relacionados con actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos.
Ante este panorama, Ramírez Cuéllar consideró indispensable fortalecer las capacidades de las fiscalías estatales para que dejen de ser organismos meramente formales y se conviertan en instrumentos efectivos para investigar posibles actos de corrupción.
El señalamiento forma parte de una agenda más amplia de reformas que, de acuerdo con el diputado, busca consolidar el combate a la corrupción como uno de los principales legados del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. El objetivo es contar con instituciones capaces de investigar y sancionar conforme a derecho, sin privilegios ni excepciones.
En paralelo, el legislador trabaja en una propuesta para fortalecer la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR). Entre las medidas planteadas se encuentran mayores recursos materiales, humanos, tecnológicos y presupuestales, además de personal especializado para integrar expedientes sólidos y sostener las acusaciones ante los tribunales.
La propuesta también contempla ampliar la autonomía funcional de la Fiscalía Anticorrupción para que pueda definir sus prioridades, conducir investigaciones y administrar los recursos asignados. Estas facultades estarían acompañadas de mecanismos de transparencia, evaluación y rendición de cuentas.
Ramírez Cuéllar sostuvo que el fortalecimiento institucional debe contribuir a evitar que las investigaciones federales por hechos de corrupción se fragmenten o que las responsabilidades se diluyan por duplicidades y decisiones internas. Para ello, plantea establecer la prevalencia de la competencia de la fiscalía especializada en los asuntos que legalmente le correspondan, con respeto al debido proceso y al control judicial.


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